El Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia (UCV) ha publicado un nuevo informe -elaborado por el director del Observatorio, Justo Aznar, y por el director del Máster Universitario en Bioética de la UCV y miembro del Observatorio, Julio Tudela- sobre la crisis del SARS-CoV-2 en el que lamentan los “presuntos” hallazgos que vierten sombras de duda sobre la seguridad y eficacia de las vacunas “no dejan de multiplicarse” ante las vacunas contra la COVID-19.

Estos estudios manifestan las posibilidades de que las vacunas infecten en vez de proteger contra infecciones; contagien como consecuencia de su presunta capacidad infectiva; que los efectos secundarios de la vacunación sean más graves que la enfermedad; que a los componentes de las vacunas podrían añadirse elementos para esterilizar a las personas vacunadas; e incluso “otros más delirantes, como la posible inclusión de microchips en las vacunas para ejercer un control sobre la población”.

El informe del Observatorio asevera con rotundidad que “numerosos trabajos científicos acreditan un balance entre beneficio y riesgo de las vacunas claramente positivo y un elevado control en su diseño, fabricación y control epidemiológico; aunque ello no implica que estén exentas de efectos secundarios y riesgos limitados”.

Fenómenos puntuales como el sucedido entre 2013 y 2015 en Kenia en la vacunación contra el tétanos con el fin de promover la esterilización de determinados grupos poblacionales “no deberían ensombrecer la contrastada eficacia y seguridad de las vacunas y su contribución a la reducción de la mortalidad asociada a muchas enfermedades infecciosas”.

JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA A TODOS LOS PAÍSES

La valoración moral de estas vacunas presenta otro problema, según indica el informe del Observatorio de Bioética, “determinar si se podrá producir suficiente número de vacunas para que no se planteen problemas éticos de justicia distributiva”; es decir, sí se podrá garantizar que puedan llegar las vacunas sin restricciones “a todas las personas y países que las necesitan, con independencia de su situación económica, o nivel de desarrollo”.

Sin embargo, Aznar y Tudela exponen que, a pesar de las “ingentes cantidades de recursos financieros” destinados a conseguir “una rápida producción de las vacunas necesarias y su amplia distribución, y de esta forma tratar de evitar problemas éticos de justicia distributiva”, como el impulsado por el gobierno estadounidense, Operation Warp Speed, “no parece que, por el momento, se pueda garantizar una vacunación universal”.

Por su parte, la OMS sugiere dos soluciones en su proyecto Fair Priority Model. La primera, que los países reciban dosis de vacunas proporcionales a su población; la segunda, que las vacunas se hagan llegar primero a los grupos poblacionales de mayor riesgo. Según apuntan los expertos de la UCV, “esto podría llevarse a cabo sin mayores problemas en los países con recurso económicos elevados, pero no parece que pueda ser útil para los países en vías de desarrollo, lo que sin duda sería una objetiva justicia social”.

El Observatorio de Bioética afirma también en su informe que “si se ponen a disposición del público vacunas contra la COVID-19 en cuya producción se hayan utilizado células de fetos humanos abortados voluntariamente, éstas podrían utilizarse temporalmente hasta que no haya disponibles otras vacunas similares, producidas sin utilizar esos tipos de células fetales”.

En el informe se hace hincapié en que la utilización de esas vacunas sería temporal “hasta que no se disponga de vacunas moralmente aceptables”. Cuando existan vacunas que para su producción no hayan utilizado células fetales de abortos provocados “éstas serán las que deben ser utilizadas”.

En ese sentido, y de acuerdo con los datos científicos que se conocen, Aznar y Tudela exponen que solamente existe un ensayo clínico en fase 3 para cuya producción no se han utilizado células fetales, el de la vacuna Moderna-NIAID: “Ésta es la que habría que utilizar cuando esté a disposición del público”.

Para la publicación de esta reflexión bioética, los expertos del Observatorio han recurrido a tres documentos de la Iglesia Católica, dos de la Pontificia Academia por la Vida, y otro de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Así, partiendo del informe de 2005 de la Pontificia Academia Reflexiones morales sobre las vacunas preparadas a partir de células derivadas de fetos humanos abortados, Aznar y Tudela concluyen que si la primera vacuna disponible fuera la de Oxford-AstraZeneca, “aunque para producirla se hayan utilizado células de fetos humanos abortados”, ésta podría utilizarse “sin cortapisa moral”.

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