La incapacitación judicial es un procedimiento que sirve para determinar el tutor de la persona enferma, cuando esta ya no puede tomar decisiones por sí misma. Si una persona que padece Alzheimer en fase avanzada ya no puede tomar decisiones por sí misma se puede acudir a este procedimiento, que se suele plantear como último recurso.
Existen otras herramientas legales de prevención jurídica, como los poderes preventivos generales, la autotutela o el testamento vital, que pueden ser de gran utilidad en el inicio de la enfermedad de Alzheimer.
Cuando se hace necesario solicitar la incapacitación judicial de una persona enferma, ya sea porque padece Alzheimer o porque sufre o ha sufrido cualquier otro proceso o accidente, es porque ella ya no puede iniciar ningún tipo de trámite de manera autónoma.
La persona que, en su lugar, puede iniciar la petición de incapacitación judicial es el cónyuge o los descendientes (hijos o nietos), ascendientes (padres o abuelos) o hermanos. En su lugar, si fuera necesario, también puede hacerlo el Ministerio Fiscal.
La petición de incapacitación judicial puede solicitarse si antes no se han firmado unos poderes preventivos o una autotutela, mecanismos legales que resultan útiles para no tener que llegar a este extremo; en cualquier momento en el que la capacidad para tomar decisiones de la persona enferma esté muy comprometida.
Si la familia se encuentra desamparada en lo relativo a la toma de decisiones sobre el enfermo, es conveniente recurrir a la incapacitación. Mediante un procedimiento judicial, el juez sentenciará quien será el tutor de la persona enferma. En esta misma sentencia se detalla la extensión y los límites de la incapacitación.
La incapacitación judicial para personas con Alzheimer no es un proceso sencillo. Puede ser emocionalmente duro y costoso en lo económico. Sin embargo, es la última alternativa que tienen a su alcance los familiares para proteger a la persona enferma de sus propias decisiones en ámbitos cotidianos, por ejemplo, respecto a sus finanzas o a asuntos médicos. También en situaciones más excepcionales, como la compraventa de bienes o la gestión de depósitos bancarios.
En cualquier caso, el tutor siempre permanece bajo la vigilancia del fiscal y el control del juez, a quien ha de rendir cuentas anualmente sobre las decisiones tomadas.
Esta petición debe iniciarse ante un juez. El coste del proceso es elevado y puede estar entre los 1.000 y los 2.000 euros, aproximadamente.
Por eso es importante que, ante el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y mientras el enfermo sea capaz, hayamos realizado todas las gestiones necesarias para no tener que llegar a la incapacitación judicial, un proceso doloroso y costoso para los familiares.
Información avalada por el Colegio de Notarios de Cataluña.
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