Desde que en 2012 se intuyera por primera vez el gran potencial de un mecanismo de defensa bacteriano para modificar el genoma de un organismo se han librado importantes batallas en dos frentes: los laboratorios y los tribunales.

En apenas seis años la tecnología CRISPR de edición del genoma se ha posicionado como una de las herramientas más prometedoras para introducir cambios específicos en el ADN de prácticamente cualquier organismo. Sus aplicaciones incluyen desde la mejora de cultivos o animales a la corrección de mutaciones responsables de enfermedades o la lucha contra el cáncer. A lo largo de estos seis años el sistema CRISPR se ha enfrentado a importantes obstáculos técnicos y éticos, especialmente a la hora de plantear su utilización con fines terapéuticos en humanos. En este sentido, hoy en día se sigue evaluando la posibilidad de que se puedan producir errores no deseados en el ADN y se trabaja en optimizar la tecnología para ampliar sus aplicaciones y hacerla más fácil y segura.

En paralelo a lucha de los laboratorios para superar los obstáculos técnicos y biológicos a los que se ha enfrentado CRISPR, dos importantes instituciones de investigación han librado su propia guerra legal por la propiedad de las patentes asociadas al sistema CRISPR. La Universidad de California Berkeley y el Instituto Broad, fundación dedicada a la investigación vinculada a la Universidad de Harvard y al Instituto de Tecnología de Massachussets, han protagonizado lo que podríamos llamar las CRISPR wars, un enfrentamiento legal por las patentes más atractivas del momento para el sector biotecnológico.

El equipo de la Universidad de California Berkeley dirigido por Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier fue el primero en publicar cómo utilizar CRISPR para cortar el ADN en sitios concretos del genoma y plantear su utilidad para editar el genoma. Sin embargo, en la solicitud de patente que presentaron, la primera relativa a CRISPR, no mencionaron la adaptación de CRISPR a las células eucarióticas (que incluyen aquellas células de hongos, plantas y animales) ni su potencial de explotación, aspectos que sí incluyó la patente presentada poco después por el equipo de Feng Zhang del Instituto Broad. Es importante mencionar que ambas patentes fueron depositadas bajo el sistema “primero-que-inventa” en lugar de “primero-que-registra”, de forma que lo que prima es el momento de la invención, y no el momento en el que se registra la patente. Este sistema fue modificado por la Oficina de Patentes de EE.UU. meses después de que se solicitaran ambas patentes y ahora utiliza la norma del “primero-que-registra”, que es la que se aplica en la mayor parte de los países.

Estructura molecular de los componentes del sistema CRISPR-Cas9. Imagen: Protein Data Base 5F9R. Visualizada con NGL viewer. http://www.rcsb.org.

La solicitud del laboratorio de Zhang pasó una revisión acelerada especial por lo que el Instituto Broad fue el primero en obtener una patente de CRISPR, en abril de 2014. Desde entonces ha obtenido más de 25, convirtiéndose en la institución con más patentes CRISPR. La Universidad de California Berkeley consideró, sin embargo, que la invención de CRISPR como sistema para editar el genoma le correspondía a ella y reclamó que las patentes del Instituto Broad eran incompatibles con las que su institución había solicitado, ya que derivaban de las mismas.

La primera batalla de las CRISPR wars terminó a favor del Instituto Broad cuando en febrero de 2017, la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. concluyó que sus patentes ya aprobadas sobre la tecnología CRISPR no interferían con las de la Universidad de California Berkeley. La diferencia entre ambas patentes se refería al contexto en el que se utilizara CRISPR. En el caso del Instituto Broad todas las patentes estaban limitadas a su utilización en células eucarióticas, mientras que la invención registrada por la Universidad de California Berkeley se dirigía a sistemas CRISPR-Cas9 sin especificar el sistema. La decisión de la Oficina de Patentes y Marcas se basó en que el Instituto Broad fue el que demostró que el sistema CRISPR-Cas9 funcionaba en eucariotas. La Universidad de California Berkeley recurrió a esta decisión, alegando que la utilización del sistema CRISPR-Cas en eucariotas no se puede patentar de forma separada al del resto de organismos.

El último capítulo de la batalla por las patentes CRISPR tuvo lugar hace unos días, cuando se resolvió la apelación del Instituto de California Berkeley. El Tribunal Federal de Apelación de EE.UU. otorgó al Instituto Broad la propiedad intelectual de la edición del genoma de células eucarióticas mediante CRISPR-Cas9. El Tribunal acepta como válida la decisión de la Oficina de Patentes en cuanto a que cuando Charpentier y Doudna presentaron su patente no había garantías de que el sistema funcionara en eucariotas y fue el equipo de Zhang, del Instituto Broad el que superó las dificultades técnicas de adaptar CRISPR para su funcionamiento en el contexto biológico de las células eucariotas. Esta decisión reconoce al Instituto Broad como institución responsable de la invención de la tecnología CRISPR-Cas9 de edición del genoma (en eucariotas) y pone un punto casi final a uno de los enfrentamientos legales más intensos que se han producido por una invención tecnológica. La Universidad Berkeley California todavía puede apelar la decisión al Tribunal Supremo, pero se desconoce si su caso será considerado.

CRISPR patente

El día 15 de febrero de 2017, la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. daba la razón al Instituto Broad y concluía que sus patentes aprobadas sobre la tecnología CRISPR no interferían con las de la Universidad de California Berkeley. Imagen: Instituto Broad.

¿Qué consecuencias tiene la aprobación de las patentes del Instituto Broad? Las patentes por la tecnología CRISPR afectan principalmente a aquellas empresas biotecnológicas interesadas en desarrollar productos que utilicen o necesiten células modificadas mediante esta técnica. En los últimos años se ha desarrollado un importante mercado de la industria biotecnológica que utiliza CRISPR y han surgido diversas empresas cuyos productos están basados en esta tecnología, bastantes de ellas relacionadas con el desarrollo de terapias para enfermedades humanas. El mercado global de CRISPR y elementos asociados ha sido valorado en 350 millones de dólares en 2017 y se piensa que alcanzará una respetable cifra de 5.220 millones en 2025.

En cuanto a la comunidad académica, el año pasado el Instituto Broad ya anunció que la tecnología CRISPR seguiría estando disponible para centros de investigación e instituciones. El instituto trabaja con Addgene, un repositorio de plásmidos sin ánimo de lucro que comparte plásmidos con diferentes instituciones de todo el mundo.

Por último, es importante recordar y tener en cuenta que desde que se solicitaron las primeras patentes de CRISPR, por las que se inició la lucha legal, se han producido diferentes avances en las técnicas de edición del genoma. Por ejemplo, en 2015 el Instituto Broad desarrolló un sistema CRISPR que cambia uno de los componentes principales, la enzima que corta el ADN. Este nuevo sistema, para el que el Instituto Broad solicitó las patentes correspondientes, ya no utiliza Cas9, que es la enzima que aparece en la solicitud de patentes de 2012, sino que utiliza otra enzima, Cpf1.

Otra cuestión a resolver es quién tendrá las patentes en Europa. De momento, la Oficina Europea de Patentes ha otorgado dos patentes CRISPR a Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna a través de sus instituciones, la Universidad de Viena y la Universidad de California Berkeley, para el uso de CRISPR-Cas9 y aplicaciones del sistema donde se utilizan Cas9 inactivas o modificadas que no cortan el ADN pero pueden realizar otras funciones para regular el genoma. La única patente otorgada al Instituto Broad en Europa fue revocada a principios de año por considerar que carecía de falta de novedad, uno de los requisitos para poder solicitar una patente.

Imagen: Amparo Tolosa, Genética Médica News

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