Las implicaciones legales de las videograbaciones en la asistencia sanitaria han sido el eje de la segunda edición de las jornadas de bioética intradepartamental. Con el objetivo de aclarar los márgenes y límites de las grabaciones en el ámbito sanitario, el comité de Bioética Asistencial del departamento ha celebrado esta jornada, inaugurada por el director gerente del hospital, Enrique Ortega.

El magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, Pedro Castellano Rausell, fue el encargado de ofrecer una conferencia sobre la implicación penal de estas videograbaciones cuando se realizan sin el consentimiento de los profesionales. Castellano puntualizó que cuando quien graba es participe de la conversación y las imágenes y no hay connotaciones íntimas o familiares no se incurre en un delito, por oposición a cuando se graban imágenes o audios a terceros.

La jornada continuó con la realización de dos mesas redondas donde se plantearon la experiencia de los profesionales ante las grabaciones, tanto de voz como de imágenes, desde la perspectiva hospitalaria y de la Atención Primaria.

En ellas se puso de manifiesto la gran utilidad de las grabaciones como herramienta de información, que facilitaría entre otras cosas la adherencia a los tratamientos y mejor comprensión de los mismos, lo que redunda en una mejora de la asistencia y la educación sanitaria.

Por otro lado, se plantearon los problemas que surgen cuando estas grabaciones se realizan sin el conocimiento y por tanto consentimiento del profesional sanitario y se puso en evidencia la legalidad de las mismas cuando en ellas participaba la persona que realiza la grabación, aunque siempre para su utilización en el entorno privado, no así cuando es distribuida a través de las redes sociales.

En estas situaciones hay que tener muy presente la ley orgánica de protección de datos (3/2018 de 5 de diciembre) y el Reglamento de la Unión Europea, con la aparición en las mismas de personas, especialmente de los menores, que no han prestado su consentimiento.

También se expusieron las resoluciones de la Agencia Española de Protección de datos en este terreno, quién recientemente, ante la pregunta del Delegado de Protección de Datos (DPD) de la Generalitat Valenciana, indicó que los centros hospitalarios, basándose en la ley de protección de datos, pueden prohibir la toma de imágenes o videos en sus instalaciones, y que puede ser trasladada al público a través de carteles informativos.

Entre las conclusiones de la jornada, todos los participante coincidieron en resaltar que aunque es de suponer que estas situaciones van a ir en aumento por la facilidad de acceso a la tecnología, podemos minimizar estos hechos, en la medida que realicemos una adecuada información al paciente, como propietario de la información y a los familiares si están autorizados, y en una gran mayoría de los casos, modular estos problemas y transformarlos en una herramienta para la mejora de la atención en el día a día, y evitar la desconfianza como principal causa de las mencionadas situaciones.

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