Los sectores de la seguridad y la defensa se han posicionado en el centro del tablero mundial. Durante años, han estado relegados al margen de las agendas públicas, eclipsados por otras industrias que copaban la agenda política. Pero el mundo está cambiando. Las constantes tensiones geopolíticas y los últimos conflictos bélicos han devuelto a la seguridad y la defensa su condición de prioridad estratégica para los Estados. En este nuevo contexto global, ya no se trata solo de blindar fronteras o modernizar ejércitos para proteger la seguridad nacional, sino de asegurar soberanía tecnológica, energética y sanitaria.
Ante esta nueva realidad, España ha asumido este reto con decisión. Por primera vez en su historia reciente, la inversión en defensa y seguridad alcanza en 2025 el 2% del PIB, cumpliendo así el compromiso con la OTAN. Pero el dato, más allá de su simbolismo político, implica una reconfiguración real del modelo industrial. El nuevo Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, con más de 34.000 millones de euros movilizados hasta 2037, prioriza no solo la compra de armamento o la mejora de capacidades militares, sino el desarrollo de tecnologías estratégicas de doble uso: civiles y militares, simultáneamente. Y en ese espacio, la biotecnología se convierte en una aliada crítica, clave para la seguridad nacional e internacional como así lo recogen los documentos relativos a la biotecnología debatidos en el marco de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).
La Alianza identifica explícitamente la biotecnología como una de las tecnologías llamadas a transformar la seguridad internacional en las próximas décadas y la sitúa en cuatro esferas principales de influencia: los sistemas militares y la logística, la competencia en materia de información, el ser humano/combatiente y el medio ambiente. Además, su informe Science & Technology Trends 20252045 la posiciona al nivel de la inteligencia artificial o la computación cuántica y destaca tanto su potencial como sus riesgos: bioterrorismo facilitado por CRISPR -una tecnología que permite agregar, quitar o alterar material genético en ciertos lugares del genoma-, uso de IA para diseñar patógenos y vulnerabilidad de los biodatos.
En este contexto, la autonomía sanitaria, la capacidad de respuesta frente a amenazas biológicas o la producción de soluciones in situ son hoy activos tan estratégicos como la energía o la ciberseguridad. Y España parte de una posición sólida. Según datos de AseBio, en 2023 operaban más de 1.000 empresas biotecnológicas en el país, que invirtieron 1.282 millones de euros en I+D, con un crecimiento anual del 4,1%. El 58% se dedica a salud humana, pero también hay empresas activas en medio ambiente, alimentación, salud animal o biotecnología industrial. Estas capacidades, tradicionalmente orientadas al ámbito civil, tienen el potencial de ser aplicados en el ámbito de la defensa y la seguridad, si son adecuadamente orientadas y estimuladas.
En esta línea, el Plan de Defensa para 2025 contempla más de 10.000 millones de euros para nuevas tecnologías, con partidas específicas para bioseguridad, salud y proyectos de doble uso. Esta es una oportunidad real para que el sector biotecnológico capte financiación, diversifique mercados y acelere su innovación. Las compañías que trabajan, por ejemplo, en biosensores, diagnósticos rápidos, vacunas, biofabricación o biotecnología ambiental pueden convertirse en proveedoras estratégicas del ecosistema de seguridad y defensa. No solo por la necesidad actual, sino por la posibilidad de validar tecnologías en entornos operativos, con marcos regulatorios más ágiles y presupuestos más estables que en el sector sanitario tradicional.
Este intercambio es además bidireccional: muchas soluciones testadas en el ámbito militar regresan después al mercado civil, como sistemas de diagnóstico rápido, plataformas móviles de producción de medicamentos, modelos avanzados de telemedicina o impresión 3D de tejidos. La frontera entre lo militar y lo civil se difumina, y esa es precisamente la gran oportunidad para el sector biotech: convertirse en una pieza transversal del nuevo modelo de seguridad integral.
No obstante, persiste un desafío relevante: la biotecnología no figura hoy en la hoja de ruta del Ministerio de Defensa como una tecnología prioritaria para este ámbito. Este vacío contrasta con la visión de organismos internacionales como la OTAN, que sí la sitúan entre las tecnologías estratégicas, y con iniciativas como DIANA (Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic), que están promoviendo activamente la aceleración de soluciones biotecnológicas con aplicación en seguridad. Esto genera oportunidades de colaboración para el sector biotecnológico español, como ya han reconocido entidades como el CRG (Centro de Regulación Genómica).
Además, la Unión Europea reconoce formalmente la biotecnología como tecnología de uso dual en el Reglamento 2021/821, reforzando su potencial para aplicaciones tanto civiles como militares. Este carácter dual abre la puerta a oportunidades de financiación en proyectos vinculados a seguridad y defensa, especialmente cuando se alinean con prioridades tecnológicas nacionales y europeas.
Para que esta conexión entre capacidades biotecnológicas y necesidades de defensa se materialice, hace falta algo más que voluntad. Es imprescindible crear puentes reales entre el sector defensa y seguridad, la industria biotecnológica y los instrumentos de financiación pública y privada. Las convocatorias como las de RedIASalud -con 50 millones de euros movilizados desde fondos europeos- apuntan en la buena dirección y son un ejemplo de ello.
El papel del Estado, en este escenario, no debe limitarse a la regulación: también debe acompañar, identificar proyectos viables, incentivar la colaboración público‑privada y reducir el riesgo financiero de quienes apuesten por estas soluciones. La biotecnología no puede quedar fuera del ecosistema de “tecnologías estratégicas de doble uso”; al contrario, debe estar en el centro, como activo estructural para la autonomía sanitaria y tecnológica de España y Europa.
Este nuevo paradigma no es una moda coyuntural, ni una consecuencia pasajera de la incertidumbre global. Un país que quiere garantizar su seguridad no puede depender de terceros para fabricar vacunas o producir tratamientos críticos. Necesita, como mínimo, una base biotecnológica fuerte, coordinada y con acceso a financiación estratégica. España ya la tiene: talento, empresas punteras e inversión en I+D. Lo que falta es incorporar esa fortaleza a una visión más estratégica que reconozca a la biotecnología como un pilar de soberanía y seguridad nacional.
Por Carmen Vela, miembro del Consejo Asesor de Ayming
Carmen Vela fue secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (20212-2018) y presidenta del Consejo Rector del Centro Nacional de Supercomputación-Barcelona Supercomputing Center y del Sincrotrón Alba
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